Defensoría del Pueblo registró 515 consultas en seis meses tras período de acefalía

La defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, presentó ante el Concejo Municipal el informe anual de gestión 2025 en un contexto atravesado por discusiones más amplias sobre el funcionamiento de los organismos de control, la reforma de la Carta Orgánica y el rol institucional de la Defensoría dentro del esquema político local.

Durante su exposición y rueda de prensa, Minuth describió un año marcado por "cambios institucionales fuertes", con un período de acefalía entre junio y agosto que condicionó buena parte del funcionamiento interno del organismo. "Fue un trabajo muy intenso", sostuvo la funcionaria al recordar que la nueva gestión asumió formalmente el 8 de septiembre y debió presentar un presupuesto en menos de dos semanas mientras intentaba reorganizar procesos administrativos, sostener la atención diaria y avanzar con una agenda de modernización interna.

Entre junio y diciembre de 2025, la Defensoría recibió 515 consultas en mesa de entradas. Los principales reclamos estuvieron vinculados a conflictos de vecindad, defensa de usuarios y consumidores, salud, servicios y vivienda. Los números muestran cómo muchas tensiones cotidianas de Bariloche terminan desembocando en la Defensoría: problemas entre vecinos, alquileres, filtraciones, ruidos molestos, medianería o reclamos por servicios básicos.

Un punto destacado como señal de reactivación institucional aparece en las orientaciones legales. Según los registros del sistema COMDOC, entre enero y el 11 de septiembre de 2025 no hubo asesoramientos legales registrados. Desde el inicio de la actual conducción hasta fin de año se contabilizaron 46 intervenciones de ese tipo, relacionadas con vivienda, alquileres, conflictos judiciales en curso, cuestiones familiares, laborales, previsionales y problemas vinculados a salud o servicios públicos.

Para 2026, la Defensoría proyecta una agenda con fuerte contenido en derechos humanos y seguridad democrática. Entre las iniciativas anunciadas aparece la creación de un Observatorio en Seguridad Democrática y la firma de convenios de cooperación con el CELS y CORREPI, además de herramientas de trabajo vinculadas al Comité Municipal contra la Tortura. Este perfil probablemente abra futuras discusiones políticas dentro del Concejo, especialmente en un contexto donde la eventual reforma de la Carta Orgánica vuelve a poner bajo análisis el funcionamiento de distintas instituciones municipales.