Defensores del Pueblo de todo el país expresaron preocupación por la crisis del basural de Bariloche

En el marco del I Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que se desarrolla del 25 al 27 de marzo en la provincia de Catamarca, el organismo expresó su preocupación por la situación de la gestión de residuos sólidos urbanos en San Carlos de Bariloche.

El pronunciamiento advierte sobre la persistencia de una problemática estructural vinculada al funcionamiento del basural a cielo abierto, ubicado en cercanías de zonas habitadas, lo que genera impactos relevantes tanto en el ambiente como en la salud de la población. En el documento, ADPRA remarca que esta situación se relaciona con la afectación del derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como con los principios establecidos en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley Nº 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios.

El pronunciamiento también hace referencia a la Ordenanza Municipal 3349-CM-2022, que dispuso el cierre y la remediación del actual vertedero municipal y el traslado del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) a una localización adecuada, una medida que aún no se ha concretado. Desde la asociación advirtieron además que el tratamiento de iniciativas que podrían extender el funcionamiento del predio actual podría postergar soluciones de fondo para la gestión de los residuos en la ciudad.

En ese contexto, el organismo destacó el rol de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, valorando su intervención sostenida en el abordaje de esta problemática mediante pedidos de informes, producción de información técnica y acompañamiento a la comunidad. Finalmente, ADPRA sostuvo que el abordaje de la problemática requiere un enfoque integral, progresivo y sostenible, que incluya el cierre y la remediación del basural a cielo abierto, el desarrollo de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos y la implementación de sistemas de gestión integral.

Desde la entidad señalaron que avanzar en estas medidas constituye una demanda histórica de la sociedad barilochense y resulta clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y mejores condiciones de vida para la población.