Cortés vetó la ordenanza que habilitaba el pase a planta de trabajadores municipales contratados

El intendente Walter Cortés formalizó este viernes el veto total a la ordenanza que habilitaba un proceso de evaluación para el pase a planta permanente de trabajadores contratados del Municipio. La decisión quedó plasmada mediante la Resolución 3254-I-2026, que devuelve el tema al Concejo Municipal y profundiza un enfrentamiento que desde hace meses involucra al Ejecutivo, la oposición y el SOYEM.

La norma vetada había creado una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo y del sindicato municipal para analizar la situación de trabajadores contratados, personal bajo horas cátedra y personas incluidas en regímenes de cupo laboral. Cortés fundamentó su rechazo en dos ejes centrales: considera que la ordenanza genera obligaciones salariales permanentes sin una previsión presupuestaria suficiente y transfiere a una comisión mixta facultades que entiende exclusivas de la administración municipal.

El veto se produjo apenas un día después de que fracasara por falta de quórum la sesión extraordinaria convocada para tratar la actualización del módulo fiscal, conflicto que aparece expresamente mencionado entre los fundamentos de la decisión. La resolución señala que el Concejo todavía no aprobó la Fiscal y Tarifaria correspondiente a 2026 y sostiene que, en ese contexto, el Municipio no puede asumir nuevas erogaciones permanentes sin comprometer su equilibrio financiero. Es el mismo argumento que el oficialismo viene utilizando para defender la actualización del módulo fiscal: sin mayores ingresos, sostiene, el Ejecutivo tendrá dificultades para sostener gastos, servicios, obras y salarios hacia el final del año.

Desde la oposición, en cambio, el razonamiento es distinto. Quienes respaldaron la comisión de pase a planta sostienen que no se trataba de incorporar nuevos trabajadores sino de evaluar la situación de personas que ya prestan servicios para la Municipalidad. Medios locales habían señalado que la comisión debía revisar la situación de alrededor de 400 trabajadores contratados, aunque esa cifra no aparece en la resolución firmada este viernes.

La segunda objeción del Ejecutivo es de carácter institucional. La resolución sostiene que permitir que representantes sindicales participen de la evaluación y definición de quiénes podrían acceder a planta permanente supone entregar facultades propias de la administración a personas que no integran formalmente su estructura. El texto también cuestiona que la ordenanza obligara al Ejecutivo a dictar los actos administrativos necesarios una vez concluido el proceso de evaluación. Para Cortés, eso constituye una "injerencia directa" sobre las atribuciones del intendente en materia de designación de personal.

La resolución también cuestiona que la ordenanza agrupe bajo un mismo procedimiento situaciones laborales diferentes. El Ejecutivo menciona contratados bajo distintas modalidades, horas cátedra y regímenes especiales y sostiene que cada vínculo tiene particularidades que impedirían aplicar una metodología única de manera inmediata. En la conclusión jurídica, el veto resume cuatro objeciones: falta de previsión presupuestaria, dudas sobre los principios de igualdad e idoneidad para el ingreso al empleo público, participación de actores externos en decisiones administrativas e invasión de facultades del Ejecutivo.

Cortés, de todos modos, dejó asentado que no rechaza cualquier proceso de regularización. La resolución afirma que el Ejecutivo mantiene su intención de avanzar "progresivamente" sobre las situaciones laborales existentes, aunque condiciona ese proceso a procedimientos objetivos y disponibilidad presupuestaria. El intendente venía adelantando públicamente que vetaría la ordenanza. Semanas atrás había cuestionado el proyecto por su impacto económico y advertido que no estaba dispuesto a habilitar un pase masivo a planta en medio de las dificultades financieras del Municipio. La decisión abre ahora la instancia política posterior: el cuerpo legislativo deberá resolver qué hace frente al rechazo del Ejecutivo.