Cortés lanzó una moratoria municipal con el 40% de los contribuyentes en deuda y criticó a empleados que "no trabajan"

El intendente Walter Cortés convocó este miércoles a una conferencia de prensa para presentar un plan de regularización de deudas municipales, pero el anuncio derivó en una fuerte discusión sobre el funcionamiento del Estado local. El jefe comunal aprovechó la ocasión para fijar posición sobre temas que atraviesan la campaña por la reforma de la Carta Orgánica: la situación económica de Bariloche, la capacidad del Municipio para sostener salarios, el futuro de los empleados públicos y el gasto político.

"La situación en Bariloche es delicada. Tenemos gente desocupada. Muchísima gente viene a la Municipalidad. Yo le quiero decir que no hay trabajo en la Municipalidad", afirmó Cortés, quien aclaró que las incorporaciones actuales se concentran en algunas cuadrillas vinculadas con el pavimento. El tramo de mayor contenido político llegó cuando habló de la planta municipal: dijo que alrededor de un 70% de los trabajadores está comprometido con la gestión, mientras que ubicó al 30% restante en una categoría que definió como "prácticamente inviable". "Hay que andarles rogando para que vayan a trabajar. Hay que rezar un Padre Nuestro para que trabajen", lanzó.

El intendente anticipó que su proyecto de modernización administrativa incluirá herramientas para revisar la situación de quienes, según su criterio, no cumplen con sus obligaciones y también reducir estructuras burocráticas que considera innecesarias. "Sí vamos a modernizar la Municipalidad y sí vamos a intentar en nuestro proyecto sacar todo lo que sea posible de lo que es la burocracia, de los ñoquis, de los vivos, de los asesores que no asesoran nada y que a veces se va un flujo de dinero importante", afirmó. Sin embargo, Cortés negó que esté evaluando quitar beneficios adquiridos por los empleados municipales. "No está en mi cabeza sacarle beneficio a la gente, por lo menos al trabajador municipal, así que se queden tranquilos. Yo no le voy a sacar los beneficios que andan diciendo que yo le voy a sacar. Eso es una mentira", sostuvo, aunque aclaró: "Primero porque es un derecho y segundo porque yo creo que el hombre que trabaja debe tener un beneficio, pero el hombre que trabaja".

La tensión sobre el personal municipal aparece en un contexto financiero complejo. "Tenemos trazado un plan económico donde buscamos alternativas, siempre para sostener la Municipalidad y fundamentalmente siempre para pagar los sueldos. Esa es nuestra meta. Siempre la prioridad la tienen los sueldos del personal", aseguró el intendente. Según informó el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, el Municipio atraviesa una morosidad cercana al 40% de los contribuyentes. Frente a esa situación, el Ejecutivo decidió extender a toda la ciudad una experiencia que había probado previamente en la Delegación Sur.

El nuevo plan permitirá cancelar deudas municipales con importantes quitas sobre los intereses, especialmente para quienes regularicen su situación durante octubre. El esquema es deliberadamente escalonado: cuanto antes se ingrese, mayor será el beneficio. Durante octubre, quienes cancelen la deuda en un solo pago tendrán una condonación del 100% de los intereses. Si el contribuyente opta por financiarla, habrá una reducción del 70% de los intereses hasta tres cuotas; del 50% entre cuatro y doce cuotas; y del 30% entre trece y veinticuatro.

En noviembre, el beneficio baja: el pago contado tendrá una quita del 80%; hasta tres cuotas, del 50%; entre cuatro y doce, del 30%; y entre trece y veinticuatro, del 10%. En diciembre, último mes del programa, el descuento será del 60% para pago único, del 40% hasta tres cuotas y del 20% entre cuatro y doce. Los planes de trece a veinticuatro cuotas ya no tendrán reducción de intereses. El programa alcanzará a deudas vencidas hasta el 30 de septiembre que permanezcan en instancia administrativa. Quedarán afuera aquellas que ya hayan ingresado en etapa prejudicial o judicial.

Lerra explicó que el antecedente inmediato fue una experiencia aplicada en la Delegación Sur, elegida como prueba en una zona con contribuyentes de menores posibilidades económicas. Según informó, el resultado fue una recaudación cercana a los $100 millones hasta el 30 de septiembre. "Apunta a aquellos contribuyentes que han solicitado estar al día con sus tasas y por ahí la economía de la casa no se los está permitiendo", explicó el secretario. La respuesta de los vecinos llevó al Ejecutivo a extender el programa. Desde Hacienda aseguran que, luego de la prueba piloto, comenzaron a recibir consultas de otros sectores de Bariloche que reclamaban un mecanismo similar.

Cortés eligió describirlo en términos políticos más que fiscales. "Esto lo estamos haciendo porque vemos que hay una situación difícil de la gente. Con esto le estamos dando una mano a que se pueda poner al día y no cobrar los intereses. Es una ayuda al pueblo", señaló. Cuando se le preguntó si el plan de regularización era una respuesta a la falta de actualización del módulo fiscal, Cortés lo negó y sostuvo que se trata de discusiones distintas. La definición fue sintética: "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".

Desde Hacienda aclararon además que la planificación presupuestaria para 2027 comenzará con mayor intensidad después de que finalice el programa de regularización, previsto hasta el 30 de diciembre. Cortés intentó despejar otra incógnita: si la situación financiera obligará a frenar inversiones. Su respuesta fue categórica. "La obra no la vamos a parar. Nosotros tenemos estipulado que los sueldos los vamos a pagar, pero tampoco lo que vamos a hacer es parar la obra", afirmó. La administración municipal pretende sostener especialmente el programa de pavimentación. El intendente mencionó además un acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck para recibir un aporte de cemento destinado a continuar con los trabajos viales. Según explicó, las lluvias de los últimos meses profundizaron el deterioro de las calles de ripio y aumentaron la presión sobre las cuadrillas municipales. En ese punto, Cortés también vinculó la recaudación con la legitimidad política de la obra pública: su tesis es que los vecinos están más dispuestos a pagar cuando perciben que los recursos regresan en forma de infraestructura.