Contrato con Rowing por el vertedero: $4.068 millones anuales y acusaciones de ilegalidad

El contrato firmado por el intendente Walter Cortés con Rowing S.A. revela el alcance económico, operativo y político de la decisión de apartar a los trabajadores municipales y dejar en manos privadas buena parte del funcionamiento cotidiano del vertedero de Bariloche. El acuerdo establece un pago inicial de $339 millones por mes, lo que proyecta un costo de $4.068 millones durante un año, aun antes de aplicar las actualizaciones trimestrales previstas por inflación. También permite revisar el valor si el combustible, los salarios, los repuestos o los insumos esenciales aumentan más de un 15%.

La contratación fue realizada de manera directa y tendrá vigencia desde el 18 de julio de 2026 durante un año, o hasta que el municipio confeccione un pliego, complete una licitación y adjudique el servicio. Si eso no sucede, el vínculo podrá ser prorrogado mediante una nueva resolución del Ejecutivo. El primer abono tendrá un descuento de $40 millones mientras no se encuentre operativo en el predio un compactador de residuos de 28 toneladas. Hasta que llegue esa maquinaria, el municipio pagará $299 millones mensuales; después, el valor ascenderá a los $339 millones pactados.

El municipio encomendó a Rowing tareas de disposición y cobertura diaria de los residuos, manejo de mantos, mantenimiento de caminos internos, movimiento de suelo, tratamiento de residuos forestales, disposición de neumáticos y electrodomésticos, construcción de cortafuegos y colaboración frente a incendios. La empresa deberá aportar un compactador, un cargador frontal, un topador, una retroexcavadora, dos camiones volcadores, una trituradora para residuos forestales, una camioneta con cisterna y un galpón de mantenimiento con oficina administrativa. También asumirá la seguridad física del predio, con dos puestos de vigilancia durante el día y otros dos durante la noche. El servicio incluirá un vehículo, una garita y un baño químico. La vigilancia nocturna aparece expresamente vinculada con la necesidad de reducir vandalismos e incendios intencionales.

El contrato también establece que toda tarea no incluida expresamente deberá cotizarse y contratarse por separado. Las ampliaciones que impliquen más personal, horas extraordinarias, utilización adicional de maquinaria o nuevas obligaciones requerirán una orden escrita y el correspondiente reconocimiento económico. Por ese motivo, los $4.068 millones representan una proyección inicial y no necesariamente el costo final de la contratación.

El documento contiene una particularidad que puede convertirse en uno de los puntos centrales de la discusión. En su primera cláusula, el municipio encomienda a Rowing "servicios operativos y de gestión integrales" en el Centro de Residuos Urbanos Municipales. Sin embargo, dentro del apartado de exclusiones, el mismo contrato deja fuera del acuerdo la "operación integral del vertedero". La diferencia no es solamente semántica. Puede determinar qué tareas deberá cumplir la compañía dentro de los $339 millones mensuales y cuáles podrían ser consideradas adicionales, con una nueva cotización.

El contrato limita de manera expresa la responsabilidad ambiental de Rowing. La compañía deberá prevenir daños relacionados directamente con sus tareas, pero no responderá por las condiciones estructurales del vertedero, los problemas anteriores a la firma, las decisiones tomadas por el municipio ni los pasivos ambientales acumulados. Tampoco garantiza resultados ambientales determinados. Los residuos peligrosos, patológicos o especiales están excluidos y deberán ser derivados por el municipio a operadores habilitados. La Municipalidad conservará la planificación, la supervisión, el poder de policía y la responsabilidad general sobre la política ambiental y la disposición final de los residuos.

El concejal Leandro Costa Brutten (IB) cuestionó duramente el procedimiento durante una entrevista en el ciclo Nada Personal, de Voz Radio. Calificó el acuerdo como un "negociado" y sostuvo que Cortés avanzó con la contratación pese a conocer que, según su interpretación, requería la aprobación del Concejo Municipal. El edil aseguró que el acuerdo debía contar con ocho votos del Concejo Municipal y sostuvo que el oficialismo intentó avanzar con una mayoría menor. Según su versión, la contratación no logró el respaldo necesario y el Ejecutivo decidió concretarla igualmente mediante una resolución.

Costa Brutten calificó la conducta del intendente como "dolosa e ilegal" y anticipó que presentará una denuncia penal para que se determine si se incumplieron las normas municipales de contratación. El acuerdo se firmó al mismo tiempo que el Ejecutivo ordenó retirar del lugar a los 27 empleados municipales que trabajaban en el vertedero y reubicarlos en otras áreas. Para Costa Brutten, esa secuencia representa una privatización concreta del servicio, aunque el contrato sea presentado formalmente como una locación temporaria.

El concejal recordó que Cortés había denunciado públicamente la existencia de robos y venta de drogas dentro del predio. Sin embargo, aseguró haber consultado en la Justicia federal y no haber encontrado ninguna denuncia presentada por el intendente que respaldara esas acusaciones. Según su interpretación, aquellas declaraciones sirvieron para desacreditar a los trabajadores y preparar el terreno para entregar la operación a una empresa privada. "Se acusó a trabajadores municipales de hechos gravísimos sin presentar una sola prueba", afirmó.

El convenio invoca como fundamento la emergencia ambiental declarada en 2011 y el régimen que permite contrataciones directas cuando existen razones de verdadera urgencia. También recuerda que Rowing comenzó a trabajar en el predio durante la gestión de Gustavo Gennuso y que sus servicios fueron prorrogados en distintas oportunidades. El Ejecutivo sostuvo, al disponer los traslados, que no habrá despidos ni pérdida de categorías, adicionales, antigüedad o régimen horario. Sin embargo, el sindicato SOYEM anunció que analizará la legalidad del proceso y defenderá la estabilidad y la carrera administrativa de cada agente.

La contratación se conoce en medio de una creciente preocupación por las condiciones sanitarias del vertedero. Voz Radio reveló la existencia de más de diez personas infectadas con leptospirosis y la falta de análisis a decenas de recicladores que trabajan dentro del predio. El SOYEM reclamó que se investiguen responsabilidades y se garantice el seguimiento médico de todos los empleados expuestos. Costa Brutten también mencionó informes sanitarios que vincularían distintas enfermedades cutáneas, respiratorias y gastrointestinales con la cercanía al basural.

El concejal recordó que Cortés había prometido durante la campaña cerrar el vertedero, mientras que ahora el municipio organiza un esquema operativo que puede extenderse durante un año y continuar mediante prórrogas hasta que exista una licitación. Además, denunció que el Ejecutivo evalúa instalar una planta de asfalto dentro del mismo predio, una posibilidad que, según advirtió, agregaría una nueva fuente de impacto ambiental para los barrios cercanos.