Concejala propone sesiones sin público tras episodios de violencia en el Concejo

Una serie de episodios de agresiones físicas durante el acto de apertura de sesiones del Concejo Municipal generó un debate sobre la participación ciudadana en las deliberaciones legislativas. Tras los hechos de violencia que sacudieron la actividad legislativa local, la concejala Samantha Echenique de Juntos Por el Cambio propuso cerrar las puertas del recinto al público para el tratamiento de ciertos temas sensibles.

En menos de un mes y medio, el Concejo Municipal fue escenario de al menos dos episodios de violencia que marcaron el año 2026. Durante el acto de apertura de sesiones, un funcionario público propinó golpes de puño a un manifestante, mientras que posteriormente, en el cuarto intermedio de la sesión por el pliego del Vertedero, referentes vecinales agredieron a un trabajador de prensa y a concejales. Los hechos derivaron en exposiciones policiales, denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y pedidos de investigación ante el Tribunal de Contralor.

"No significa coartar la publicidad, porque entiendo que tenemos que ordenar la mecánica de discusión que hemos tomado. Creo que los límites, ante lo acalorado de un tema —y hay muchos temas para discutir que son acalorados porque tenemos posiciones dicotómicas en la sociedad—, la cosa pierde contención rápidamente", expresó Echenique. La edil aclaró que su preocupación no es personal sino institucional, argumentando que el personal permanente del Concejo y los asesores no deberían estar expuestos a ese nivel de agresividad. La concejala pidió que algunos temas se trabajen "a puerta cerrada con invitados, para no cortar la participación de los actores implicados, pero buscando otros mecanismos para organizar el espacio y la discusión".

La propuesta encontró diferentes posturas entre los concejales. Laura Totonelli, edila de Juntos Somos Río Negro, planteó una alternativa diferente sin oponerse del todo a reforzar la seguridad. "Tiene que haber una responsabilidad desde la conducción del Concejo Deliberante en términos de poder garantizar la integridad física de cada una de las personas que estamos aquí. Si es necesario poner detectores de metales para evitar estas situaciones, hay que considerarlo", propuso Totonelli, quien también situó los hechos en un contexto de creciente crispación social que trasciende al Concejo.

Sin embargo, cualquier propuesta de sesiones cerradas choca con el reglamento interno vigente. Los artículos 38 y 42 son categóricos al establecer que "las sesiones del Concejo serán públicas" y que "dado el carácter público de las sesiones, éstas pueden ser presenciadas por quienes así lo deseen". Desde el área de Protocolo del Concejo, Matías Pellegrini aseguró que no hay intenciones de modificar la reglamentación por parte de la gestión. "Las sesiones deben ser públicas. La línea del presidente del Concejo, hoy no es esa. No hay una intención de limitar la participación ciudadana", afirmó.

La Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, fue una de las voces más críticas ante la propuesta de Echenique. "¿Qué nos está pasando como sociedad, como comunidad y a nivel institucional que surgen tales hechos de violencia? Esa es la pregunta en la que más haría énfasis, más que en si se debe usar un detector de metales o si debe haber presencia ciudadana", exclamó. En la misma línea se pronunció Julieta Wallace, edila de Incluyendo Bariloche: "Totalmente en desacuerdo en que se restrinja la presencia de público en las sesiones o comisiones del Concejo. Por definición el poder legislativo es la casa del pueblo, imagínate si cerramos esa puerta. Las puertas del Concejo no se cierran".

Hasta el momento no existe ningún proyecto de ordenanza formal para modificar el reglamento interno. El debate quedó parcialmente eclipsado por la apertura de la Comisión Especial de Participación Ciudadana por el vertedero municipal, una instancia que apunta en la dirección contraria: incorporar la voz de la comunidad al tratamiento legislativo. Existe una tensión de fondo ya que las propuestas se concentran en regular el comportamiento del público, pero no se centran sobre el accionar de los propios funcionarios, cuando precisamente fue un funcionario público quien quedó imputado por lesiones tras agredir a un manifestante durante la apertura de sesiones.