Comisión especial pidió al EAMCEC todas las multas e intimaciones aplicadas a CAPSA por Catedral

La comisión especial del Concejo Municipal creada para analizar los reclamos sobre la concesión de Cerro Catedral realizó este jueves su primera reunión y estableció una agenda concreta de revisión del contrato. El principal pedido fue solicitar al EAMCEC —el ente municipal fiscalizador— información completa sobre órdenes de servicio, intimaciones, actas de infracción, multas aplicadas y eventualmente condonadas, además de las denuncias y presentaciones efectuadas por terceros.

Durante varias horas desfilaron por la sala representantes de residentes, instructores, fotógrafos, parapentistas y otras actividades vinculadas con la montaña. Los cuestionamientos apuntaron tanto a CAPSA como al EAMCEC, el organismo municipal encargado de fiscalizar el cumplimiento de la concesión. La comisión quedó presidida por Gerardo del Río, con Roxana Ferreyra en la vicepresidencia, y volverá a reunirse cada quince días.

Las posiciones dentro del Concejo quedaron expuestas desde el inicio. Del Río buscó colocar la situación de los trabajadores en el centro y planteó la posibilidad de analizar una adenda contractual que permita incorporar actividades y sectores que sostienen haber quedado afuera del esquema actual. El presidente también pidió evitar que la comisión se transforme exclusivamente en una disputa política. Roxana Ferreyra, en cambio, fue más dura y sostuvo que el contrato se encuentra "totalmente incumplido". La concejal cuestionó el beneficio que recibe Bariloche de la explotación del centro de esquí: "Bariloche no recibe nada; somos prisioneros de la empresa", expresó. También recordó que el intendente Walter Cortés había vetado anteriormente una iniciativa vinculada con una comisión de características similares.

Julieta Wallace buscó separar las denuncias políticas y sociales de aquello que pueda sostenerse administrativamente. La concejal planteó que la comisión debe determinar qué obligaciones contractuales fueron efectivamente incumplidas, qué controles realizó el Municipio y qué respuestas dio CAPSA antes de avanzar con conclusiones. Pidió evitar que el espacio quede reducido a una "catarsis social" y propuso solicitar la documentación del EAMCEC. Wallace también advirtió sobre las consecuencias de cualquier decisión: una intervención municipal sin respaldo suficiente podría exponer a Bariloche a un reclamo económico de la concesionaria. Además, hizo una distinción sobre el denominado Rango 1, vinculado con parámetros urbanísticos: señaló que el Estado tiene la obligación de tramitar el procedimiento correspondiente, pero eso no significa que el Concejo esté obligado a aprobar los parámetros que pretenda la empresa.

Leandro Costa Brutten mantuvo una de las posturas más confrontativas y volvió a cuestionar la legalidad de origen del vínculo con la concesionaria, sosteniendo que debió existir una licitación pública nacional e internacional. También puso el foco en el acceso de residentes y deportistas al cerro y acusó a CAPSA de haber generado restricciones que terminaron perjudicando a atletas locales. Según el concejal, esas decisiones contribuyeron a que deportistas de alto rendimiento trasladaran parte de su actividad a otros centros de esquí, entre ellos Cerro Castor.

Facundo Blanco Villalba cuestionó el esquema comercial aplicado en Catedral y puso el foco en lo que definió como una "tarifa plana". Su planteo fue que el precio del pase se maneja prácticamente como un producto uniforme, sin suficiente segmentación según el tipo de usuario, temporada o servicio ofrecido. A su criterio, esa estrategia termina afectando la competitividad de Bariloche frente a otros destinos. Samantha Echenique, en cambio, introdujo una advertencia sobre algunas comparaciones utilizadas en la discusión pública. Señaló que contrastar directamente la evolución del precio del pase con el IPC puede resultar engañoso porque el contrato contempla mecanismos propios de actualización, vinculados entre otros componentes a costos laborales.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Emiliano Hernández, de Residentes Unidos Bariloche. Hernández habló de un supuesto "libre albedrío" de la empresa y apuntó contra la falta de controles del EAMCEC. También sostuvo que durante agosto se registraron problemas reiterados en medios de elevación y reclamó una presencia técnica más activa del organismo municipal dentro del cerro.

Representantes de la Asociación Alas llevaron a la comisión un conflicto diferente. Explicaron que la práctica de parapente quedó limitada por la negativa de la concesionaria a vender pases para desarrollar la actividad, bajo el argumento de que no se encuentra contemplada dentro del contrato. La consecuencia, afirmaron, fue una pérdida de actividad laboral y turística y el desplazamiento de potenciales usuarios hacia El Bolsón y Villa La Angostura. Mirko Luque, vinculado con el snow scoot, relató otro caso: según explicó, la actividad pudo desarrollarse durante aproximadamente ocho años en Catedral hasta que posteriormente fue discontinuada por decisión de la concesionaria. Luque cuestionó que una práctica que ya funcionaba haya quedado prohibida y pidió revisar los fundamentos de esa determinación.

Desde AADIDESS, Justo Luis Olivier planteó que el problema no puede resolverse únicamente atendiendo conflictos particulares. Su cuestionamiento estuvo dirigido especialmente al organismo de control. Pidió que el EAMCEC tenga una presencia efectiva en el terreno y no limite su tarea a expedientes y decisiones administrativas. También introdujo la discusión sobre las competencias profesionales y los requisitos para trabajar en alta montaña, un debate atravesado por las diferencias existentes alrededor de las titulaciones y la formación de instructores.

Otros representantes describieron inconvenientes para ingresar al cerro, limitaciones para guías y los costos asociados al estacionamiento. Durante la reunión se mencionaron valores de $35.000 y hasta $70.000, de acuerdo con las condiciones y modalidades relatadas por los expositores. Son cifras aportadas en la comisión y no una determinación propia del Concejo.

Víctor Katz, representante de profesionales independientes de la enseñanza de esquí y snowboard, también pidió mayor fiscalización estatal. Entre sus cuestionamientos mencionó cierres de medios de elevación por viento y reclamó conocer los criterios técnicos utilizados para adoptar esas decisiones. Además, cuestionó la relación entre el nivel de servicio y pases que, según indicó durante la reunión, llegaron a valores cercanos a $160.000. Katz planteó que más que investigar hechos aislados debería fortalecerse de manera permanente la capacidad del Municipio para fiscalizar lo que ocurre en la montaña.

Otro de los sectores que expuso fue el de los fotógrafos. Javier Carbone sostuvo que las condiciones bajo las cuales históricamente desarrollaron su actividad fueron modificadas y denunció que se eliminó un pase que les permitía trabajar en la montaña. También manifestó incertidumbre respecto de la continuidad de esos trabajadores más allá de la actual temporada. Su intervención incluyó críticas al manejo de infraestructura histórica del cerro, entre ella el cable carril, y a las condiciones de competencia.