Columna de opinión: el debate sobre el IPROSS y la defensa del sistema solidario de salud

Marcelo Nervi, docente, ex dirigente de UnTER y referente del Frente Renovador Viedma, advirtió sobre los riesgos de fragmentar el sistema de salud provincial y planteó la necesidad de defender el carácter solidario del IPROSS frente a propuestas que impulsan la libre elección de cobertura para los empleados estatales.

La Ley 2753, sancionada en 1993, establece en su artículo primero que el IPROSS tiene como finalidad brindar cobertura integral de salud a los agentes estatales de la provincia de Río Negro. Durante muchos años se ha puesto en debate la libertad de elección de los trabajadores públicos respecto de su cobertura de salud, con expresiones como "no queremos ser más rehenes del IPROSS" que forman parte de esa discusión y siguen apareciendo hasta hoy.

Nervi sostuvo que el principio solidario de la obra social es lo que permite garantizar atención tanto al afiliado directo como a los integrantes de su grupo familiar. "El IPROSS no debería brindar prestaciones de acuerdo con cuánto aporta cada trabajador. Su lógica es otra: quienes más aportan contribuyen a sostener un sistema que debe garantizar cobertura también a quienes tienen menores ingresos. Allí radica uno de sus principales valores", afirmó. Según su postura, la calidad de la atención sanitaria no puede depender de la jerarquía de un trabajador, del organismo en el que presta servicios ni de su capacidad económica individual.

El referente político señaló que cuando le tocó ocupar un lugar de representación de los trabajadores en la Junta de Administración del IPROSS, sectores planteaban periódicamente la necesidad de liberar la elección de la obra social. Sin embargo, su posición política siempre fue clara: "el problema no está en el principio solidario que sostiene al IPROSS. El problema está en cómo se administran sus recursos, cómo y quiénes establecen los acuerdos prestacionales y qué políticas se implementan para garantizar previsibilidad y calidad en la atención".

Nervi advirtió que confundir las deficiencias de gestión con el fracaso del sistema solidario puede llevar a una conclusión equivocada. "Si frente a los problemas del IPROSS la respuesta es facilitar la salida de quienes más aportan, lo que puede producirse no es una mejora del sistema, sino su progresivo debilitamiento", alertó. En ese sentido, expresó preocupación porque desde el propio Poder Ejecutivo provincial se impulsen mecanismos que pueden favorecer la migración hacia otras coberturas.

El ex dirigente de UnTER planteó que seguramente habrá trabajadores que con el dinero que actualmente aportan al IPROSS puedan contratar una prepaga o algún sistema alternativo de salud, pero la discusión no puede terminar ahí. "¿Qué ocurre con quienes aportan menos? ¿Qué sucede cuando quienes tienen mayores ingresos abandonan el sistema? La respuesta es sencilla: disminuye la capacidad redistributiva de una obra social que se sostiene precisamente porque los mayores aportes contribuyen a garantizar la atención del conjunto", explicó.

Nervi sostuvo que si ese equilibrio se rompe, existe el riesgo de avanzar hacia un modelo en el que cada persona reciba una cobertura proporcional a su capacidad económica, lo que significa abandonar uno de los principios fundamentales sobre los que se construyó la obra social: la solidaridad. Por eso, planteó que la discusión sobre el futuro del IPROSS no debería limitarse a la libertad individual de elegir una cobertura, sino también preguntarse cuáles son las consecuencias colectivas de esa decisión y qué sistema de salud se quiere construir para los trabajadores estatales de Río Negro.

"Defender el IPROSS no significa negar sus problemas. Significa exigir una administración eficiente, acuerdos prestacionales transparentes, previsibilidad en la atención y políticas de salud que estén a la altura de las necesidades de sus afiliados", concluyó. Para el referente del Frente Renovador Viedma, una mala administración puede y debe corregirse, pero lo que no debería perderse es el principio solidario que permite que todos, independientemente de cuánto aporten, tengan derecho a una atención digna.