Cinco años de prisión para el conductor que atropelló y mató a Emilio Juárez mientras estaba inhabilitado

Facundo Marín fue condenado a cinco años y cinco meses de prisión efectiva y a diez años de inhabilitación para conducir vehículos con motor por el homicidio culposo agravado de Emilio Juárez Villarroel (44), ocurrido durante la madrugada del 27 de junio de 2026 en Bariloche. La sentencia fue dictada este 21 de septiembre luego de que las partes alcanzaran un acuerdo pleno y el acusado reconociera su responsabilidad por el hecho, aceptara la calificación legal y prestara conformidad con la pena acordada.

El tribunal estuvo integrado por Bernardo Campana, Romina Martini y Juan Martín Arroyo, y homologó el acuerdo al considerar que la admisión de responsabilidad estaba respaldada por la prueba reunida durante la investigación. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme. De acuerdo con la acusación sostenida por el fiscal Marcos Sosa Lukman y la fiscal jefa Betiana Cendón, Marín circulaba por calle Ruiz Moreno aunque se encontraba inhabilitado judicialmente para conducir. La Fiscalía sostuvo que, al encontrarse con Juárez Villarroel atravesando la calzada, no adoptó las medidas de cuidado necesarias para evitar la colisión.

El vehículo embistió y posteriormente arrolló a la víctima, quien sufrió lesiones graves y fue trasladada al Hospital Zonal, donde murió horas después. Después del impacto, el conductor se retiró del lugar sin detenerse ni prestar asistencia. Por esas circunstancias, la conducta fue encuadrada como homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, por encontrarse inhabilitado por autoridad competente y por darse a la fuga. La investigación tuvo un avance clave pocas horas después del hecho cuando el Ford Fiesta gris involucrado fue localizado a unos 28 kilómetros al sur de Bariloche, en un sector poco transitado y a unos dos kilómetros hacia el interior desde la Ruta Nacional 40. El vehículo estaba oculto y fue secuestrado para ser sometido a pericias mecánicas y criminalísticas.

La Policía había llegado hasta ese lugar luego de reconstruir el recorrido del auto mediante cámaras de seguridad públicas y privadas, tareas de campo y distintas averiguaciones. También se realizaron allanamientos y se secuestró un teléfono celular que quedó incorporado al expediente. Entre los elementos reunidos durante la investigación se mencionaron las actuaciones policiales, el relevamiento realizado en el lugar, certificados médicos, el informe preliminar de autopsia, el certificado de defunción y las declaraciones de testigos. También fueron incorporados informes del Gabinete de Criminalística y documentación de Tránsito y Transporte vinculada con la inhabilitación que pesaba sobre Marín. El tribunal destacó además la existencia de un testigo presencial, los daños constatados en el vehículo y registros de cámaras que permitieron vincular el Ford Fiesta con el hecho.

Durante la audiencia, Marín hizo uso de su derecho a declarar y manifestó que comprendía los alcances del acuerdo. Reconoció su responsabilidad por el hecho y aceptó tanto la pena de prisión como los diez años de inhabilitación para conducir. También sostuvo que nunca tuvo intención de provocar la muerte de Juárez Villarroel, reconoció el dolor causado a la familia y pidió disculpas. Su defensor particular explicó que, luego de analizar la totalidad del legajo, entendió que el acuerdo era una salida adecuada frente al volumen de prueba reunida. "Entendemos que, de acuerdo con la cantidad de material probatorio, es una salida que debemos tomar", expresó al pedir la homologación.

Un hermano de Emilio Juárez Villarroel tomó la palabra y se dirigió directamente al condenado. Recordó el impacto que la muerte tuvo en toda la familia y señaló que la víctima dejó tres hijos, además del dolor atravesado por su madre y sus hermanos. El tribunal también tomó en cuenta distintas circunstancias para fijar la pena: la inhabilitación previa para conducir, la conducta posterior al impacto y otros elementos que consideró agravantes. Como atenuantes ponderó el reconocimiento del hecho y las disculpas expresadas durante la audiencia. Finalmente, los jueces definieron el acuerdo como "válido" y hablaron de una "asunción de responsabilidad fundada en prueba". Con la sentencia firme, el expediente será remitido al juzgado de ejecución correspondiente.