Caso OPS: cinco exfuncionarios bajo investigación por presunta administración fraudulenta millonaria

La causa judicial por las contrataciones de maquinaria vial a la empresa OPS durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso sumó un nuevo capítulo que involucra a cinco exfuncionarios municipales. El abogado patrocinante de la Municipalidad de Bariloche, Ricardo Mendaña, confirmó que la investigación penal avanza y advirtió que las irregularidades detectadas podrían haber generado un perjuicio económico millonario para las arcas municipales.

Según explicó el letrado, la denuncia fue presentada por el Municipio en noviembre de 2024 y desde entonces se aportó documentación, informes y el sumario elaborado por el Tribunal de Contralor. El avance más reciente llegó con una resolución del fiscal Inti Isla, quien individualizó a los presuntos responsables y dispuso su notificación formal dentro de la investigación. Los señalados son el exintendente Gustavo Gennuso; el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Cairo; el exsubsecretario del área, Eduardo Garza; el exsecretario de Hacienda, Diego Quintana; y la exdirectora de Políticas Tributarias, Lilian Baroni.

Mendaña sostuvo que la hipótesis investigada es la de administración fraudulenta agravada por afectar a la administración pública, figura penal que se configura cuando quienes tienen a su cargo la administración de bienes públicos perjudican deliberadamente los intereses del organismo que gestionan. El eje central de la investigación está puesto en la contratación de la empresa OPS para la provisión de maquinaria vial, donde una de las principales irregularidades consiste en que la firma se encontraba en quiebra cuando fue contratada en 2019, una situación que impedía legalmente su participación en procesos de contratación pública.

Además, el abogado municipal cuestionó la utilización de mecanismos de contratación directa sin que existieran las condiciones de excepción previstas en la normativa municipal. "Todos sabemos que el sistema de contrataciones públicas tiene como regla la licitación pública o el concurso de precios. La contratación directa es una excepción que tiene que justificarse en razones de urgencia, lo que no ocurrió", afirmó Mendaña, quien también describió contactos previos con la empresa antes de su inscripción como proveedor municipal y concursos donde solo una firma podía ofrecer los equipos requeridos.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es el eventual perjuicio económico para el Municipio. Según detalló el abogado, entre 2019 y 2023 se realizaron pagos por casi 140 millones de pesos relacionados con estas contrataciones. Sin embargo, el punto más delicado está vinculado a una deuda que funcionarios de la gestión anterior habrían reconocido a favor de OPS por alrededor de 7 millones de dólares. Ese reconocimiento finalmente no fue convalidado, pero sirvió como antecedente para que la empresa iniciara un reclamo administrativo y posteriormente una demanda que actualmente ronda los 15 millones de dólares.

Por ahora, la fiscalía no formuló cargos y la resolución conocida implica la individualización de los investigados y la garantía de que puedan ejercer su defensa. Los exfuncionarios tendrán la posibilidad de presentar documentación, ofrecer pruebas y dar su versión de los hechos. Mendaña anticipó que podría solicitarse que la causa sea declarada compleja debido a la cantidad de hechos analizados, la extensión temporal de las contrataciones y el volumen de documentación involucrada. Si se acreditara la comisión del delito de administración fraudulenta, las consecuencias podrían incluir penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.