Cámaras empresarias de Sierra Grande exigen mayor participación local en grandes proyectos

Las cámaras empresarias de Sierra Grande solicitaron información periódica sobre las contrataciones en grandes proyectos energéticos y de infraestructura que se desarrollan en Río Negro. El pedido busca conocer el porcentaje de compras, servicios y obras que corresponden a empresas rionegrinas y qué volumen de actividad se mantiene en las localidades involucradas.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande y la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) respaldaron a sus pares de Ingeniero Jacobacci, tras el conflicto generado por el parate de Calcatreu que determinó el Gobierno provincial. El reclamo se suma a un pedido más amplio para que las grandes inversiones generen un impacto económico tangible en las comunidades locales de la provincia.

La discusión surge a partir de los eventos vinculados a proyectos como Calcatreu (minería), VMOS (petróleo) y SESA (gas). Los empresarios sostienen que la sola llegada de inversiones no es suficiente si los trabajadores y proveedores rionegrinos quedan al margen de las oportunidades generadas. El reclamo apunta de manera especial a los proyectos que actualmente se desarrollan sobre la costa rionegrina, buscando asegurar la participación de empleo y proveedores de la provincia.

Las entidades recordaron que Río Negro cuenta con las Leyes Provinciales Nº 5.804 y Nº 5.805, que establecen la incorporación de mano de obra y el régimen de proveedores locales, respectivamente. Para las cámaras, estas normas deben reflejarse en decisiones concretas y no limitarse al cumplimiento formal de requisitos administrativos. Reclamaron que las exigencias de las leyes provinciales formen parte de toda la cadena contractual, incluyendo a las empresas que lideran los proyectos, no solo a los contratistas directos.

Las cámaras argumentan que las compañías comitentes son quienes definen las cadenas de contratación, las compras y la incorporación de proveedores. Por ello, propusieron que las empresas principales establezcan condiciones específicas, controlen su cumplimiento y extiendan esos criterios a contratistas y subcontratistas. Además de la información sobre compras y servicios, pidieron datos sobre las próximas necesidades de contratación y los mecanismos disponibles para que las empresas rionegrinas puedan presentarse y cotizar.

El argumento central de los empresarios es que las firmas locales sostienen la actividad económica más allá de los períodos de construcción de las grandes obras. Estas empresas generan empleo permanente, pagan impuestos y capacitan trabajadores en las comunidades una vez que las etapas iniciales de los proyectos finalizan. La propuesta apunta a medir de manera objetiva el cumplimiento de las políticas de participación local en todos los proyectos que se desarrollan en la provincia.