Avanzó en comisión el polémico proyecto que vuelve voluntaria la afiliación al IPROSS

El proyecto que modifica el régimen de afiliación al IPROSS superó ayer su paso por la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro, donde fue aprobado por mayoría después de un extenso debate que mostró diferencias entre el oficialismo, sectores de la oposición y representantes de los trabajadores. La iniciativa 1137/2026 fue enviada por el Poder Ejecutivo y modifica la Ley K 2753 para sustituir el régimen de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo, alcanzando a actuales y futuros afiliados y también a jubilados y pensionados.

La reunión permitió escuchar a autoridades del Instituto, representantes gremiales y legisladores, y dejó sobre la mesa numerosos interrogantes acerca del impacto económico de la medida, el destino de los aportes, los plazos para abandonar y regresar al IPROSS y la situación particular de los jubilados. Pero hubo una pregunta que atravesó buena parte de la reunión: ¿por qué modificar ahora el sistema y por qué hacerlo con tanta rapidez?

Una de las exposiciones más críticas fue la de la titular de UNTER, Laura Ortiz, quien habló en representación de distintos sectores que habían mantenido previamente un encuentro para fijar posición en defensa de la obra social. Ortiz cuestionó que los trabajadores no hayan podido mantener previamente un diálogo suficiente con las autoridades y rechazó el enfoque de la reforma. Los representantes sindicales plantearon que el problema central no debería ser cómo abandonar el IPROSS, sino cómo recuperar y fortalecer la obra social, mejorar sus prestaciones y garantizar respuestas a los trabajadores, jubilados y sus familias. Durante las exposiciones también aparecieron cuestionamientos relacionados con las demoras, los costos que deben afrontar los afiliados y la relación del Instituto con los prestadores.

El legislador Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) expresó una posición favorable al derecho de elección, aunque advirtió que esa posibilidad debe estar acompañada por herramientas que impidan una eventual pérdida de sustentabilidad financiera. Planteó que trabajadores jóvenes, sanos o con mejores salarios podrían contar con mayores posibilidades de migrar hacia otra cobertura, mientras permanecerían en el Instituto quienes necesitan tratamientos más costosos. Por eso propuso estudiar la creación de un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas, destinado a cubrir eventuales caídas de ingresos. Incluso sugirió que, si esos recursos fueran insuficientes, exista una garantía del Tesoro provincial.

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) preguntó por la deuda del IPROSS con los hospitales públicos y quiso saber qué garantías tendrá un afiliado enfermo de ser aceptado por otra obra social si decide abandonar el sistema provincial. También reclamó precisiones acerca del destino del 7% destinado a prestaciones especiales. "Yo no veo nada de solidario", afirmó, y advirtió que el resultado podría ser una mayor presión sobre el sistema público de salud. Durante su intervención también se produjo un cruce cuando cuestionó actitudes de funcionarios y legisladores mientras hablaban representantes de los trabajadores.

Una de las intervenciones más duras fue la de Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien cuestionó tanto el contenido como el procedimiento utilizado para avanzar con la reforma. "¿Por qué el apuro?", preguntó. Odarda reclamó que se escuche a trabajadores, jubilados y sindicatos y cuestionó que no haya funcionado la Comisión de Seguimiento del IPROSS. También objetó que la iniciativa avance en única vuelta, porque consideró que de esa manera se restringen las posibilidades de participación ciudadana. Defendió especialmente el carácter solidario del Instituto y sostuvo que la discusión debería concentrarse en la transparencia, los ingresos, los aportes, la redistribución de los recursos y las razones por las cuales se deterioraron las prestaciones.

Gabriela Picotti coincidió parcialmente con esos planteos. "El IPROSS tendría que ser una opción, una buena opción a elegir", sostuvo, y también consideró que no existe necesidad de apresurar la sanción. La legisladora de Cambia Río Negro detectó además una cuestión concreta en la redacción relacionada con los plazos. Preguntó si los 12 meses iniciales de permanencia en otra cobertura debían sumarse a los 36 meses establecidos para regresar al IPROSS, lo que podría interpretarse como un total de 48 meses. Las autoridades aclararon que los 36 meses se cuentan desde el momento en que se ejerce originalmente la opción y admitieron que ese punto deberá ser corregido para evitar interpretaciones equivocadas. "Lo vamos a revisar en la redacción", reconocieron durante la reunión.

La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, explicó que el organismo trabajó sobre tres escenarios posibles de migración: 1%, 10% y 15% de los afiliados titulares. Tomando como referencia 102.381 titulares, una salida del 1% representaría aproximadamente 1.023 afiliados y una pérdida mensual de alrededor de 230 millones de pesos, compuesta por unos 110 millones en aportes y 120 millones en contribuciones. El proyecto establece que la contribución patronal del 7% permanecerá dentro del IPROSS y tendrá afectación específica: 3% para planes oncológicos y especiales, 2% para discapacidad, prestaciones especiales y prótesis y 2% para farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

Juan Murillo Ongaro (PRO-Unión Republicana) introdujo otra mirada. Preguntó por qué el debate debía centrarse exclusivamente en una eventual fuga y planteó que el desafío debería ser convertir al IPROSS en una obra social que los trabajadores quieran elegir. Recordó además que junto con Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) impulsaron una iniciativa para eliminar la obligatoriedad desde el momento mismo del ingreso al Estado. Murillo Ongaro también se sumó a quienes cuestionaron la velocidad del tratamiento. Aclaró que su bloque observa aspectos del proyecto "con buenos ojos", pero reclamó más tiempo para escuchar a trabajadores y afiliados.

La presidenta de la obra social respondió que, justamente, una de las estrategias será abrir el IPROSS a afiliados voluntarios. Porro explicó que existen asociaciones de empleados de comercio, consejos profesionales y universidades interesados en acceder a la cobertura y que actualmente esa posibilidad está cerrada. La intención será captar nuevos afiliados y hacer que el Instituto salga a competir con otras obras sociales. Por su parte, Yolanda Mansilla planteó que la posibilidad de elección debería existir desde el momento mismo en que una persona ingresa a trabajar al Estado y no después de incorporarse obligatoriamente al IPROSS. También puso el foco sobre los futuros jubilados.