Autorizan a una mujer a donarle un riñón a su amiga en Bariloche

La Justicia de Familia de Bariloche autorizó a una mujer a donarle un riñón a su amiga, quien se encuentra en lista de espera para un trasplante renal desde el año pasado. La resolución fue el resultado de un exhaustivo proceso judicial que verificó que la donación se realizara de manera voluntaria y sin compensación económica.

Las protagonistas de esta historia se conocieron en 2017 en un espacio de trabajo comunitario de Bariloche. Durante años compartieron tareas sociales y vecinales, y construyeron una amistad que se extendió a sus familias. Cuando una de ellas enfermó y comenzó a necesitar diálisis, su amiga tomó la decisión de donarle uno de sus riñones, una determinación que sostuvo durante más de un año. En el expediente judicial, la donante explicó el vínculo con pocas palabras: para ella, su amiga es "una hermana de la vida".

Tras postularse como potencial donante, la mujer comenzó los estudios médicos que arrojaron un dato decisivo: son compatibles. Sin embargo, como no son familiares, cónyuges ni convivientes, la Ley 27.447 requería una autorización judicial para que el trasplante pudiera avanzar. Este control tiene como propósito verificar que el órgano se ofrece de manera voluntaria, que la persona conoce los riesgos y que detrás de la decisión no existe dinero, compensación o cualquier otro beneficio.

El pedido se presentó mediante una medida autosatisfactiva en el fuero de Familia, una vía prevista para situaciones excepcionales que requieren respuesta urgente. La urgencia surgía de la situación médica de la receptora: una pericia estableció que la postergación u omisión del tratamiento de diálisis podría provocar complicaciones sistémicas severas, mientras que el trasplante le permitiría discontinuar ese tratamiento y representaría un beneficio clínico para preservar su salud.

La potencial donante fue evaluada por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Los estudios confirmaron la compatibilidad inmunológica y analizaron su estado de salud y los riesgos de vivir con un solo riñón después de la intervención. La evaluación psicológica concluyó que comprende los alcances del trasplante, los riesgos y las consecuencias, sin detectar trastornos mentales graves ni alteraciones cognitivas que afectaran su capacidad para decidir.

La pericia social aportó que la decisión no había surgido recientemente: la mujer había resuelto ser donante más de un año antes y, desde entonces, había recibido información de los equipos profesionales. Dos testigos declararon ante el tribunal dando cuenta de la relación entre las mujeres. La donante ratificó su voluntad en audiencia y recibió información sobre su derecho a arrepentirse hasta el último momento: puede revocar el consentimiento hasta la cirugía sin justificación ni obligación alguna. Con estos elementos, la sentencia tuvo por acreditada la relación de amistad, la voluntad libre de la donante y la inexistencia de pagos o retribuciones, autorizando la ablación del riñón para su posterior implante.