Audiencia pública por Cerro Catedral: enfrentamiento entre desarrollo turístico y riesgos ambientales
Audiencia de 7 horas mostró el enfrentamiento entre desarrollo turístico y alertas por riesgos geológicos en el cerro Catedral de Bariloche.

La discusión sobre el futuro del cerro Catedral volvió a exhibir una fractura que atraviesa desde hace años a Bariloche. De un lado, el municipio, la empresa concesionaria y sectores empresariales que sostienen que la ciudad necesita modernizar su principal motor económico para no perder competitividad internacional. Del otro, geólogos, ambientalistas, profesionales y vecinos que advierten sobre riesgos geológicos severos, impactos ambientales acumulativos y un proceso administrativo que consideran incompleto.
La audiencia pública realizada el jueves se convirtió así en mucho más que una instancia consultiva sobre un instrumento de planificación urbana. Fue un debate de poco más de 7 horas sobre qué modelo de desarrollo quiere construir Bariloche para las próximas décadas y hasta dónde está dispuesta a intervenir uno de sus paisajes más emblemáticos.
Desde el Ejecutivo municipal, los funcionarios defendieron el Plan Director como una herramienta destinada a terminar con décadas de crecimiento fragmentado e improvisado en la base del complejo invernal. La propuesta plantea dividir el territorio en distintos polígonos denominados Áreas de Ocupación Concertada (AOC), estableciendo parámetros urbanísticos específicos para cada sector. Los funcionarios insistieron en que cualquier desarrollo futuro quedará condicionado a la factibilidad previa de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable y saneamiento, y remarcaron que más del 90% del área de montaña permanecería bajo algún régimen de protección ambiental o paisaje frágil.
Para la empresa concesionaria CAPSA, el debate tiene una dimensión estratégica que excede el ordenamiento territorial. La compañía sostuvo que durante los últimos años concretó inversiones cercanas a los 50 millones de dólares para modernizar medios de elevación y sistemas de fabricación de nieve, superando incluso las exigencias originales establecidas en el contrato de concesión. Los representantes de CAPSA señalaron que la base del cerro presenta actualmente problemas de infraestructura, desorden urbano y limitaciones operativas que la alejan de los estándares internacionales, defendiendo la necesidad de avanzar hacia un modelo con servicios de alojamiento integrados a las pistas.
Sin embargo, el riesgo geológico dominó gran parte de la audiencia. El geólogo Carlos Beros, consultor ambiental vinculado al proyecto, sostuvo que la montaña implica por definición la convivencia con distintos niveles de riesgo y que el concepto de "riesgo cero" resulta inaplicable en territorios cordilleranos. La visión opuesta fue expuesta por la geóloga Silvia Uber, quien apoyó sus observaciones en estudios elaborados por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Según su interpretación, gran parte del faldeo involucrado se encuentra clasificado como zona de riesgo geológico muy alto debido a fenómenos de remoción en masa, deslizamientos y avalanchas.
El biólogo Pablo Vigliano cuestionó que el plan no incorpore evaluaciones integrales sobre modificaciones en el albedo, planteando que la sustitución progresiva de nieve o bosque por techos, pavimentos y estructuras urbanas podría incrementar la absorción de calor y alterar las condiciones de acumulación nívea natural. Varios participantes también pusieron en duda la situación dominial de las tierras involucradas y cuestionaron la capacidad del municipio para definir parámetros urbanísticos sobre sectores cuya titularidad presenta controversias históricas.
Las objeciones alcanzaron además la forma en que se llegó a la audiencia pública. Diversos participantes sostuvieron que aún permanecen instancias administrativas pendientes y cuestionaron el funcionamiento del Consejo de Planeamiento Estratégico, señalando que algunas mesas técnicas previas no habrían concluido adecuadamente. Por esa razón, varios oradores aclararon expresamente que su participación no implicaba validar un procedimiento que consideran defectuoso o eventualmente susceptible de futuras impugnaciones.
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